Rallo ha recordado que el mal uso de estos sistemas
, en los 18 casos resueltos recientemente por la AEPD, han permitido que estuvieran accesibles en Internet, entre otro tipo de datos, 11.300 historias clínicas de una clínica ginecológica o en torno a 50.000 datos de personas asociadas a cursos de formación de un sindicato. Además ha indicado que todavía
están tramitándose 32 procedimientos que afectan, entre otros casos,
a miembros de una comunidad religiosa, a
solicitantes de servicios de adopción internacional,
a enfermos mentales, pacientes de clínica de hemodiálisis,
a pacientes de la seguridad social, y afiliados a sindicatos y miembros de un partido político.
Respecto a la difusión de imágenes en Internet y, en particular, el fenómeno “
You Tube”, ha recordado “
que todos debemos respetar el derecho de las personas a que su imagen no se difunda universalmente en Internet sin su consentimiento”, y, por ello, ha dicho,
“si no se cuenta con el consentimiento de las personas cuyas imágenes son captadas y difundidas se incurre en una infracción grave de la LOPD”. Rallo ha recordado que recientemente la Agencia ha adoptado la primera resolución en este ámbito, referida a la difusión de imágenes en la calle Montera por Internet, para la cual ha contado con la colaboración de los prestadores de estos servicios y de operadores de telecomunicaciones para poder identificar a los autores de estas infracciones por lo que ha advertido “
que debemos ser conscientes de que el uso de estos servicios en Internet no garantiza ni protege el anonimato de quien las difunde”. Además, ha añadido que existen
otras actuaciones en marcha sobre conductas vejatorias a menores o peleas entre grupos juveniles.
Por otra parte, el director de la AEPD ha indicado que una de las principales preocupaciones de la Agencia en la actualidad está centrada es la protección de los menores en Internet.
Rallo ha lamentado la ausencia de una educación de los menores para hacer frente a los riesgos de la sociedad de la información, para conseguir “ciudadanos digitales” responsables, y ha reclamando un compromiso de todas las administraciones con competencia educativa para que
la educación sobre protección de datos y sobre Internet se incorpore a los planes de estudios y al currículo académico.
En relación a los menores también ha mostrado su inquietud por el fomento del uso por parte de estos de
las redes sociales - sitios que permiten a los usuarios hacer público su perfil, compartir una lista de contactos, poner en común intereses, actividades u opiniones.
Ante riesgos potenciales “muy importantes” para la privacidad y protección de datos de los usuarios de las redes sociales (especialmente, en jóvenes y adolescentes) ha anunciado que tanto a nivel europeo como nacional,
se ha iniciado un ambicioso análisis de las redes sociales, desde el punto de vista tecnológico y sociológico,
para proponer medidas que aumenten el grado de protección de los usuarios y, especialmente, de los menores.
Datos personales en la calle
Fuera del ámbito tecnológico, siguen constatándose “
flagrantes vulneraciones” del derecho a la protección de datos por el
abandono de documentación con datos personales en la vía pública o en contenedores de basuras. Artemi Rallo ha advertido que la AEPD será particularmente rigurosa en la erradicación de estas conductas “
que resultan de plano inadmisibles”. Entre 2007 y 2008 la AEPD ha iniciado alrededor de 30 inspecciones por hallazgo en lugares públicos de documentos con historiales clínicos de hospitales públicos y privados, informes de reconocimientos médicos laborales, expedientes de procedimientos judiciales, curriculums, y expedientes de bufetes de abogados, entre otros. Rallo ha dicho que se trata de
una negligencia común a Administraciones públicas y entidades privadas, y que la
preocupación de la AEPD aumenta al constatar que de los ficheros inscritos en la Agencia,
el 70% son manuales (en papel) y sólo el 30% son exclusivamente automatizados.
En particular, Rallo ha trasladado a la Comisión su preocupación por el alcance de este fenómeno
en la Administración de Justicia, en relación con la documentación judicial encontrada en contenedores de basura cercanos a sedes judiciales de Madrid, Sevilla, A Coruña, Valencia y Barcelona. En este sentido, ha anunciado que
la Agencia va a proponer al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a las Administraciones autonómicas competentes
la creación de una comisión u órgano de trabajo que analice el estado de cumplimiento de la normativa de protección de datos en la Administración de Justicia y proponga, cuanto antes, las medidas que permitan garantizar adecuadamente en este ámbito la protección de la información personal.
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