Según han informado a Efe fuentes judiciales esta es una de las primeras veces en nuestro país en las que el Ministerio Público considera responsable civil subsidiario a una entidad bancaria por una estafa motivada por el fallo de sus “sistemas de autentificación y seguridad” que presuntamente “no detectaron el origen fraudulento de la orden” lo que hizo posible una transferencia no autorizada por la víctima.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que hoy ha tenido acceso Efe, los hechos se remontan al 3 de mayo de 2007, cuando supuestamente uno de los dos acusados realizó una transferencia delictiva a través de internet desde la cuenta de la víctima a otra que el segundo procesado había abierto “específicamente” para cometer la estafa y obtener un “lucro ilícito”.

“En este momento -continúa el escrito-, los sistemas de autentificación y seguridad del banco no detectaron el origen fraudulento de la orden” y la transferencia, por importe de 3.363 euros se materializó.

De esta manera, tras recibir el dinero en su cuenta el segundo procesado hizo efectivos ese mismo día 3.060 euros en una sucursal que la entidad bancaria tiene en Segovia y presuntamente los mandó al extranjero “mediante un servicio de envío postal de dinero, consciente de que con esta forma de operar sería imposible rastrear su paradero”.

Este inculpado se habría quedado además con los 303 euros restantes “en concepto de comisión” por su participación en la presunta estafa.

Se da la circunstancia de que sólo unos minutos antes de que el primer encausado realizara esta transferencia había intentado hacer otra valiéndose de las claves bancarias de otra víctima, de las que se había apoderado de forma ilegal, sin embargo esta operación “fue rechazada por el sistema de seguridad del banco afectado”.

La Fiscalía de Guipúzcoa considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa en su modalidad de manipulación informática, del que considera responsables a ambos acusados para los que pide dos años de prisión.

Alternativamente, el Ministerio Público cree que el inculpado que abrió la cuenta bancaria en la que se hizo la transferencia podría ser responsable de un delito de receptación en su modalidad de blanqueo de capitales, por el que demanda tres años de cárcel y una multa de 6.000 euros.

Solicita también que ambos procesados sean declarados responsables civiles directos y solidarios de la estafa y que indemnicen a su víctima con los 3.363 euros estafados más los intereses legales. Asimismo considera al banco en el que la víctima tenía su cuenta responsable civil subsidiario de estos hechos.